La Corte Suprema rechazó un planteo de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa
El máximo tribunal desestimó un recurso impulsado por siete de los rugbiers contra la fiscal Verónica Zamboni y otros funcionarios judiciales. Los acusados denunciaban supuestas irregularidades en las actas tomadas tras el homicidio en Villa Gesell.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el rechazo a un recurso presentado por la defensa de siete de los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell.
Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal desestimó la presentación por considerar que carecía de la fundamentación autónoma requerida y no refutaba adecuadamente los argumentos expuestos en la resolución judicial apelada.
El planteo judicial había sido iniciado originalmente por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.
El origen de la denuncia contra la fiscalía
La acción legal constituía un expediente paralelo a la causa principal por el homicidio. La defensa buscaba procesar por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad a los encargados de la instrucción inicial.
Entre los denunciados se encontraban:
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Verónica Zamboni: Fiscal de la causa.
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Verónica Olindi Huespi: Defensora oficial.
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David Mancinelli: Juez de Garantías que dictó las prisiones preventivas.
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Diversos funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
El argumento central sostenía que en las primeras horas posteriores al hecho no se respetaron las garantías del Código Procesal Penal bonaerense. Cuestionaban los tiempos asentados en las actas de las declaraciones indagatorias, señalando que figuraban audiencias confeccionadas con breves intervalos de diferencia, lo que a su criterio hacía imposible haber informado debidamente a cada detenido sobre sus derechos, imputaciones y pruebas en su contra.
Un largo recorrido judicial que llegó a su fin
Aunque la Cámara de Apelaciones de Dolores les había reconocido inicialmente el rol de particulares damnificados en 2022, la denuncia penal contra los funcionarios fue desestimada por ausencia de dolo.
A partir de allí, la defensa agotó las distintas instancias de apelación:
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Recusó al juez Mancinelli y planteó la inconstitucionalidad del mecanismo de revisión.
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El Tribunal de Casación Penal bonaerense ratificó lo actuado.
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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó la queja en agosto de 2025 y denegó el recurso extraordinario en abril de 2026.
Con la reciente resolución del máximo tribunal del país, se agota definitivamente esta vía de reclamo. Desde la justicia remarcaron que este fallo no modifica ni revisa las condenas firmes aplicadas por el homicidio de Báez Sosa, sino que cierra definitivamente la denuncia presentada contra los funcionarios que investigaron el caso.
