Argentina recurre a la Justicia Internacional para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas
El Gobierno nacional presentó un pedido formal ante el Tribunal del Derecho del Mar para detener las acciones unilaterales del Reino Unido en la cuenca norte del archipiélago. La medida busca preservar los recursos soberanos y evitar daños ambientales.
El Gobierno argentino formalizó un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el objetivo de paralizar los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos impulsados por el Reino Unido en la cuenca norte de las Islas Malvinas.
Según se detalló mediante un comunicado oficial de Presidencia, la presentación busca resguardar los derechos soberanos sobre la plataforma continental argentina y frenar iniciativas unilaterales que atenten contra la resolución de las Naciones Unidas (ONU), organismo que reconoce la existencia del conflicto de soberanía entre ambas naciones y prohíbe las acciones unilaterales en el territorio en disputa.
El recurso contempla la solicitud de medidas cautelares de urgencia, una herramienta prevista por la normativa del tribunal con sede en Hamburgo —cuyos fallos son de carácter vinculante— para prevenir daños irreparables al medioambiente marino y proteger los derechos en litigio mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El foco en el proyecto Sea Lion
La acción judicial de la Casa Rosada busca frenar el avance del megaproyecto petrolero conocido como Sea Lion, encabezado por la firma británica Rockhopper junto a la compañía israelí Navitas Petroleum. Las empresas prevén comenzar con las tareas de extracción hidrocarburífera a comienzos de 2028, lo que encendió las alarmas de la diplomacia argentina.
Frente a este escenario, la estrategia argentina viene desplegándose en varios frentes:
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Sanciones legislativas: Se impulsa en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para endurecer las penas y multas contra aquellas firmas que exploten recursos naturales en el área sin autorización del Estado argentino.
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Acciones en la Justicia local: A mediados de septiembre, la justicia argentina emitió una medida cautelar tras la presentación de organizaciones ambientalistas que alertaron sobre el potencial impacto ecológico en la zona.
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Reclamo diplomático: La administración nacional calificó de «ilegítima» la actividad extractiva y reiteró el pedido a Londres para suspender las operaciones.
Por su parte, el Gobierno británico mantiene su postura histórica de no reconocer la jurisdicción de Buenos Aires sobre el archipiélago y ratificó su respaldo a las compañías petroleras, sosteniendo la potestad de la población local para disponer de los recursos naturales de la zona.
con informacion de france24
