A dos años y seis meses de inicio del debate, el 13 de junio de 2019, el Tribunal Oral Federal 3 tendrá que resolver si condena a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y al extitular de la AFIP en el kirchnerismo Ricardo Echegaray por supuesta defraudación por el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles en la petrolera “Oil Combustibles”.
El juicio comenzó con López y De Sousa detenidos con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 ydos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante.
Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminará de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación, la del fiscal Juan García Elorrio.
La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que “Oil Combustibles” adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.
El debate estuvo suspendido casi cinco meses desde el inicio del aislamiento social por el coronavirus en marzo de 2020 y pudo reanudarse en forma remota por la plataforma Zoom en agosto de ese año.
Los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos emitirán veredicto en el juicio que tuvo audiencias todos los jueves.
El fiscal Juan García Elorrio pidió condenar a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión y dictar penas de cuatro años y cuatro meses para De Sousa y López por los delitos de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”, como autor al exfuncionario y en el rol de partícipes necesarios a los empresarios.
Según la acusación, Echegaray concedió desde la AFIP de manera irregular planes especiales de pago a la petrolera entre mayo de 2013 y agosto de 2015.
El dinero que no fue abonado a la AFIP en tiempo y forma se habría usado para “financiar” otras empresas del grupo, según la acusación fiscal.
Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución por inexistencia de delito. En el caso de Echegaray, su abogado Martín Arias Duval afirmó que la concesión de planes de pago como el que tuvo Oil Combustibles respondió a una “política tributaria” que no es judicializable y que no ocasionó “perjuicio al Estado”.
En su alegato final, la defensa de De Sousa a cargo del abogado Carlos Beraldi sostuvo que en el gobierno de Mauricio Macri hubo “interferencias del Poder Ejecutivo” sobre causas judiciales como “Oil Combustibles”, mediante “la existencia de una verdadera asociación ilícita” que, entre otros hechos, “construyó pruebas falsas”.
