Provincial

DEJARON EN LIBERTAD A LOS POLICÍAS PRESOS EN PERICO

Estaban acusados de “torturar” a un detenido y de cobrarle coimas para que ingresará su mujer a la celda.

El juez de Control Nº 1 Gastón Mercau resolvió dar lugar al pedido de cese de detención y cambio de carátula que promovió la defensa de los efectivos y el fiscal que entiende la causa Diego Cussel y otorgó la liberación de los mismos.

El fiscal habilitado durante la feria judicial Darío Osinaga había recepcionado la denuncia de un hombre sobre supuestos hechos de torturas que habría sufrido en sede de la Brigada de Investigaciones de Perico y solicitó al juez de Control habilitado en la feria judicial Isidoro Cruz, el allanamiento simultáneo en ocho inmuebles incluido la sede policial de la ciudad tabacalera, donde además se secuestraron varios herramientas informáticas.

Por ese entonces Darío Osinaga había convocado a una conferencia de prensa, donde dio cuenta que la situación procesal del de los efectivos se podría agravar más aun, porque ingresarían otras ocho denuncias en contra de ellos, por hechos similares a los que se los había imputado.

Los representantes legales de los efectivos policiales, Raquel Almazán, Osbvado Ariel Almazán y el letrado de la fuerza policial Jorge Soria habían planteado este pedido, luego de que la semana pasada prestaran declaración indagatoria los efectivos acusados y en los últimos días se conociera el informe médico y la historia clínica emitida por el profesional que asistió a la víctima en el hospital San Roque y otros elementos probatorios que fueron incorporados.

A este planteo, el fiscal especializado en este tipo de delitos Diego Cussel, solicitó al Juzgado de Control el pedido de cese de detención y el cambio de carátula que en un principio era por supuestas “torturas” a “apremios ilegales”.

Si bien la calificación legal que pesaba sobre ellos cambió, las acusaciones en contra de los efectivos policiales siguen siendo muy graves, ya que da cuenta de una figura jurídica del Código Penal, que se refiere cuando un funcionario público, haciendo abuso de sus funciones o autoridad, o sin cumplir con las formalidades indicadas por la ley, priva a alguien de su libertad personal, o aplica cualquier tipo de vejamen y/o tormentos.

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