El texto de la ley, que fue escrito por Alejandro Finocchiaro (PRO) con aportes de proyectos similares de otros legisladores, consta solo de cuatro artículos.
El primero establece a la educación como “servicio estratégico esencial” como lo es, por ejemplo, la salud. Ello implica que en caso de huelgas debe haber guardias mínimas con personal docente y no docente presente. Se trata, en definitiva, de un golpe a los paros extensos que suelen darse en los establecimientos educativos.
El proyecto plantea un esquema en el que cuanto más largo es el paro, mayor cantidad de personal debe haber en la institución. Establece, en ese sentido, que en los primeros dos días de paro, el 30% del personal del colegio deberá estar en su puesto garantizando las clases.
A partir del tercer día, ya sea continuo o discontinuo, deberá estar el 50% del “personal directivo, docente y no docente que deba cumplir funciones en cada establecimiento educativo, en todos los niveles”.
En este contexto, la huelga podrá hacerse, pero bajo esas condiciones y se computará como injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia. A principios de año, cada institución tiene que confirmar a la autoridad competente la nómina del personal completo.
Finocchiaro fue declarado “persona no grata” por los sindicatos que forman el frente gremial docente de la CGT.
“El diputado Finocchiaro debería ocuparse de presentar iniciativas que verdaderamente beneficien al sistema educativo, proyectos que eleven los por demás deprimidos salarios docentes que en su mayoría se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, mejoren la infraestructura escolar, garanticen la capacitación del servicio y provean de dispositivos tecnológicos a estudiantes”, sentenció en un comunicado Sergio Romero, titular del gremio de UDA y miembro directivo del consejo directivo de la CGT.
Finocchiaro ya había presentado en 2022 un primer proyecto de ley de educación esencial. Fue cuando terminaba la pandemia y crecía el temor de que, tras el cierre de escuelas, volviese la conflictividad que también cierra las aulas.
Ahora la cuestión irá al Senado donde se decidirá el futuro de este proyecto de Ley.
Con información de Clarín
