El Gobierno anunció que auditará “uno por uno” a los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral, tras identificar el otorgamiento de esas asistencias a personas que no las necesitaban. Lo que definieron como “una actividad fraudulenta a gran escala” equivale a desvíos de fondos que estiman en unos US$3400 millones en 2023, según surge de una investigación interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“La cifra de pensiones a diciembre 2023 se ubicó en 1.222.000 beneficiarios después de cuatro años de gestión del profesor [Alberto] Fernández. Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras ni catástrofes naturales”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar en conferencia de prensa la revisión a partir de agosto de más de un millón de personas que reciben ese beneficio de unos $210.000 por mes. “Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente”, agregó el funcionario.
Fuente La Nación
