La maniobra ocurrió en 2015 e involucró hasta un funcionario local y una ex concejal. Con la excusa de otorgarles un plan social por haber concurrido a un acto político, se quedaron con 232 DNI y les cambiaron el domicilio para intentar ganar una elección en Burrayacu, una pequeña localidad de la provincia de Tucumán. La jugada fue tan burda que todos los DNI fueron anotados con el mismo domicilio: Pasaje Olijela Rivas S/N.
Luego de ocho años todo iba a quedar en la nada hasta que la Cámara Federal de Tucumán revocó un fallo de primera instancia y procesó a todas las personas involucradas.
El principal imputado es Víctor Hugo Carrizo, quien estaba a cargo del Centro de Documentación Rápida local. La Justicia sostuvo que debería haber detectado la maniobra por su función y porque la dirección elegida para todos los DNI es un pasaje que tiene apenas tiene 150 metros. “Por el cargo de funcionario público que ocupa y las tareas que realiza, Carrizo tiene el conocimiento necesario para detectar la irregularidad de los trámites de DNI que llevó adelante, esto es, la circunstancia de haber recibido más de 200 DNI en el contexto de un acto político, en el que no tuvo contacto con los solicitantes, sumado a que el Pje. Olijela Rivas tiene una cuadra y media de extensión, por lo que no podría haber albergado a 232 personas y sus familias”, dice el fallo firmado por los jueces Rodolfo Leal, Marina Cossio y Ricardo SanJuan.
Aunque tenía falta de mérito, la Cámara procesó a Carrizo por “insertar” información falsa en un documento público, un delito que tiene una pena de uno a seis años de prisión.
También fue procesada Andrea del Valle Cruz, una ex concejal que habría reunido los 232 DNI. A todos los damnificados les decían que iban a recibir un plan social y les pedían que participen de un acto político. A cambio, tenían que entregar su documento.
El objetivo de la maniobra era muy simple: modificar el padrón electoral de Burruyacu para intentar ganar las elecciones locales.
“El pronunciamiento en favor de los imputados entre los que se encuentran el encargado del Centro de Documentación Rápida y una concejal -al momento de los hechos- de Burruyacu, entre otros, sólo puede ser adoptado desde una perspectiva equivocada a la verdad procesal acreditada autos, lo que constituye una clara omisión de la justa valoración del factum conformado en el legajo”, sostuvo el fiscal. La Cámara finalmente procesó a todos los responsables.
