En los últimos meses, la Plaza de Mayo fue el epicentro de los piqueteros, con un único objetivo: reclamarle al Gobierno más plances sociales y alimentos, lo que generó complicaciones en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, presentó un proyecto de ley para que las organizaciones que realicen piquetes no tengan planes sociales.
“Bajo el gobierno kirchnerista se consolidó una alianza perfecta, por un lado, aumentó la dependencia de las organizaciones respecto de los recursos económicos del estado; por otro, el peronismo en el poder buscó la manera de restituir los lazos con los sectores populares diluidos en la época menemista. Para ello, orientó estratégicamente los planes dando origen a organizaciones de desocupados ‘oficialistas’, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y a organizaciones barriales de pequeñas dimensiones que reproducen la lógica clientelar sobre las clases populares”, expresó Milman en la presentación del proyecto de ley.
Y agregó: “El cobro del plan exige como contraprestación la realización de una tarea de asistir a las marchas y piquetes, ya que esto es una condición que establece el movimiento para recibir el plan”.
Además, dentro del documento se pueden observar ciertas medidas en caso de sobrepasar la ley. “En el caso de sorprender a representantes o representados de estas asociaciones cometiendo un delito deberían retirarle su personería, sobre todo cuando impiden la libre circulación de un ciudadano, derecho garantizado por el Art. 81 de la Constitución Nacional donde indica que ‘Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional.
Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la Ley señala’, y tipificado penalmente en el Artículo 194 del Código Penal pena a ‘El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años’”.
“Es importante destacar que el presente proyecto busca defender los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación; y penar que las movilizaciones y manifestaciones callejeras sean utilizadas para actos vandálicos o el cometido de delitos”, aseguró el diputado nacional de Juntos por el Cambio.
