SE DA A CONOCER EL VEREDICTO FINAL PARA LOS ACUSADOS POR LA TRAGEDIA DEL VUELO DE AUSTRAL
“¡Dios mío, nos matamos!”. La desesperación del comandante Jorge Cécere quedó registrada en la caja negra del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas. Eran las 22.10 del 10 de octubre de 1997 y el avión caía como una piedra a la velocidad del sonido. Murieron los 74 ocupantes y no hubo sobrevivientes.
El juicio por la tragedia aérea llega a su fin 24 años después. Este jueves, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 dará a conocer -a partir de las 10:00 y en forma virtual- el veredicto en el juicio que se le sigue a 35 personas por “estrago doloso”.
Los familiares de las víctimas, sin embargo, no albergan esperanzas. “Estamos ante un juicio sin condena”, arriesga Silvina Rumachella, abogada querellante y tocada de cerca por la tragedia. Su hermana Viviana, de 34 años, era una de las azafatas y el destino le hizo una mala jugada: no le tocaba viajar esa noche, pero al estar de guardia, y ante la baja a último momento de una compañera, se subió al DC-9 McDonnell Douglas.
La aeronave había partido desde Posadas (Misiones) y se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires. Se estrelló en Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad de Fray Bentos, Uruguay.
En aquellos días, la “Rumi” -como le decían sus compañeros de Austral- estaba preocupada. “Había soñado con que tenía un accidente. Sabía cómo estaban los aviones y tenía miedo”, revela su hermana en referencia al mantenimiento de las aeronaves, salpicado por irregularidades que fueron debatidas durante el proceso.
Hasta 1995, Austral fue gerenciada por la empresa española Iberia. Y dos años más tarde estaba en manos del Instituto Nacional de Industria (INI), bajo control del estado español. “Los trabajadores de la empresa estaban muy presionados. Mi hermana quería irse, pero no lo logró. No llegó a tiempo”, subraya Rumachella.
“Tenemos un fiscal que no acusa”, es la calificación formulada por la abogada a la tarea de Juan Patricio García Elorrio, que pidió la absolución de los 35 imputados -cuatro de ellos ya fallecidos- bajo el principio de in dubio pro reo, lo que significa que ante la insuficiencia de pruebas se está a favor del acusado. En otras palabras, entiende que no existen evidencias que hagan caer el principio de inocencia.
Según la representante de la querella, que pidió penas de entre 12 y 25 años para los acusados, la visión del funcionario judicial es “totalmente sesgada” habida cuenta de las pruebas que se desprenden del informe final de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay (Ciada).
