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DESPUÉS DE SIETE AÑOS EL GOBIERNO REGLAMENTÓ LA «LEY NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO»

El Gobierno de la Nación informó la reglamentación de la “Ley Nacional de Prevención del Suicidio”, tras haberse aprobado hace tiempo. Siete años pasaron desde que el Congreso aprobó la ley y, hoy, en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, se publicó la decisión en el Boletín Oficial.

A través del Decreto 603/2021, que se publicó en el Boletín Oficial del día de la fecha, se indica, entre sus puntos más relevantes, que el Gobierno “podrá establecer la cobertura de nuevas prestaciones o ampliar las existentes”. En este sentido, el documento oficial informa que “no podrá dejarse sin cobertura, negar la atención sanitaria o discontinuar el tratamiento” a las personas en determinadas situaciones.

Esto incluye a “episodios de crisis, como así tampoco en ninguna de las etapas del proceso mientras persista el riesgo suicida”, sentencia el Boletín. Asimismo, indica que “se desarrollarán dispositivos de promoción y prevención para efectivizar las políticas, planes y programas de prevención del suicidio y autolesiones”.

Por otra parte, también se solicita la implementación de “acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población, a través de un tratamiento mediático de comunicación responsable”, remarca el documento. Esto, según detalla, tiene que ser implementado “con información adecuada, basada en derechos, libre de prejuicios, estigmas y/o discriminación de los damnificados y las damnificadas y sus allegados directos o indirectos”.

Sobre este asunto, se implementará también “un sistema de registro de notificación obligatoria”, que deberá unificarse para todo el territorio argentino. Así, ordena que “unifiquen sus registros sobre suicidios e intentos de suicidios, teniendo en cuenta los circuitos legales y sanitarios que actualmente recopilan información”.

A su vez, indica que cuando un intento de suicidio sea realizado por un menor, “deben arbitrarse los medios necesarios para preservar, restituir los derechos vulnerados y reparar sus consecuencias”. En el caso de que la persona padezca de “algún impedimento cognitivo, emocional y/o social que les dificulte su movilidad y/o acceso a la asistencia”, se les deberá garantizar que reciba el tratamiento necesario.

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