Salud

DIÓXIDO DE CLORO: LAS SOCIEDADES MEDICAS REPUDIAN A PROFESIONALES QUE RECETEN ESTA SUSTANCIA

Emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación ante la medida cautelar que forzó al Sanatorio Otamendi a administrar una sustancia contraindicada.

La comunidad médica expresó una fuerte preocupación después de que se diera a conocer el fallo del juez federal subrogante Javier Pico Terrero, quien determinó que se le administre a un paciente grave de coronavirus nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, dos sustancias que no están aprobadas en Argentina ni por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ni por el Ministerio de Salud.

El dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. Su ingesta tiene diversos efectos secundarios, algunos de ellos graves para la integridad física de la persona que lo ingiere o lo inhala. La situación alertó a las sociedades médicas ya que la decisión judicial podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por las entidades regulatorias correspondientes.

En ese marco, 45 sociedades médicas firmaron un comunicado en el que expresan: “Observamos con suma preocupación la injerencia del poder judicial en un tema médico-científico con implicancia en la salud pública, sobre aplicación de dióxido de cloro en pacientes COVID-19, que obliga al equipo terapéutico a utilizar substancias no aprobadas por el ente regulador y formalmente contraindicadas por quienes sustentan su práctica sobre evidencias científicas irrefutables”.

El conjunto de entidades destacan que tanto el Ministerio de Salud de Nación, como otras instituciones vinculadas al área sanitaria tales como la Sociedad Argentina de Medicina (SAM), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Primera Infancia (SAP), la Asociación Toxicológica Argentina (ATA) y la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA) habían manifestado su contraindicación a la aplicación de esta sustancia “no sólo por su ineficacia sino fundamentalmente por su falta de seguridad”.

En esa línea, señalan: “La justicia no debe obligar a los médicos a indicar una medicación que no tiene respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacional e internacional, ni respaldada por las sociedades científicas nacionales e internacionales”.

Y agregan: “Las autoridades competentes (ministerios de salud, secretarías de salud, colegios o consejos de médicos, instituciones judiciales, otras) deben dar seguridad y garantía jurídica a los profesionales para que puedan actuar con la libertad que otorga la evidencia científica y frenen la judicialización sin fundamentos científicos. La autonomía del equipo de salud, fundamentada en el conocimiento científico y en sólidas posturas bioéticas, no puede ser reemplazada por decisiones judiciales carentes de fundamento científico que pueden dañar a la población”.

El comunicado argumenta que si bien se entiende la desesperación de los pacientes y sus familiares ante la presencia de una enfermedad y se respeta el derecho de autonomía de la población, resaltan que hay otros principios que hay que contemplar como el de “‘beneficencia’ (en este caso ausente) pero fundamentalmente el de ‘no maleficencia’” Este último conocido con el término del latín “primum non nocere”, que significa “lo primero es no hacer daño”.

“Primero no dañar es un eje rector ante todo acto médico e implica no indicar productos sin evidencia científica. Ante estos hechos, repudiamos el accionar de aquellos profesionales de la salud que alientan estas medidas y no miden el daño de sus actos”, concluyen.

Las sociedades firmantes del documento son: Asociación Argentina de Disfagia (AAD), Asociación Argentina de Microbiología (AAM), Asociación Argentina de Nutricionistas y Licenciadas en Nutrición (AADYND), Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual (AASES); Asociación Civil Surcos, Asociación de Medicina Interna de Rosario (AMIR), Asociación de psicólogos y psicólogas de Buenos Aires (APBA), Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA),Asociación Entrerriana de Nutrición (AEN), Asociación Medicina Interna de Venado Tuerto (AMIVET), Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, Asociación Toxicológica Argentina (ATA), Comité de ética de la Sociedad Argentina de Diabetes, Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG), Foro Argentino de Clínica Médica, Fundación Cardiológica Argentina, Fundación Emergencias, Fundación Huésped, Fundación Trauma, Fundartox, Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI),Proyecto Suma, Red Argentina de investigadoras e investigadores en Salud (RAIIS), Red Integrada de Médicos Argentina (REDIMA), Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), Sociedad Argentina de Emergencias (SAE), Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP), Sociedad Argentina de Medicina (SAM), Sociedad Argentina de Medicina Interna General (SAMIG), Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria (SAMPRE), Sociedad Argentina de Primera Infancia (SAPI), Sociedad Argentina de Reumatología (SAR), Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), Sociedad Argentina de Virología (SAV), Sociedad Argentina para el estudio de las adicciones (SAEA), Sociedad Científica de Emergentología Argentina (SCEA), Sociedad de Medicina Interna de Córdoba (SMICBA), Sociedad de Medicina Interna de la Costa Atlántica (SoMICA), Sociedad de Medicina Interna de Pergamino, Sociedad de Medicina Interna de Santa Fe, Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA).

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