Sin apuro, pero sin pausa, el Gobierno de Alberto Fernández estudia cambios en la política migratoria y analiza derogar el decreto 70 de necesidad y urgencia que en 2017 firmó el expresidente Mauricio Macri para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros que delinquen.
La iniciativa se da en el marco de la revisión que realizan las nuevas autoridades sobre las principales medidas adoptadas por el macrismo. Y es un reclamo concreto que, tras el recambio presidencial, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron a la Casa Rosada, que se comprometió a analizarlo.
El documento que llegó al Gobierno, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones que se reunieron a fines de diciembre, solicita que se derogue el decreto «de forma urgente», entre otras medidas «para preservar los derechos de las personas migrantes».
Bajo el título «Agenda Migrante para 2020», el texto pide que que se garantice el derecho a migrar, la «igualdad de derechos entre nacionales y migrantes», como prevé la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.
En 2017, el endurecimiento de los controles migratorios de la gestión macrista, que incluyó el DNU y otras medidas adicionales, desató la polémica y fuertes críticas. Y, en la práctica se produjo un incremento sostenido en la cantidad de inmigrantes deportados de la Argentina: según el informe final de la gestión anterior, en el período 2016-2019 hubo 3 mil expulsiones, un 100 por ciento más en relación al período 2011-2015.
También se objetó la vía -el DNU modificó la Ley de Migraciones- que utilizó Macri, al sostener que no cumplía con las «condiciones de excepcionalidad» previstas en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución.
Entre otros puntos, el decreto establece un «Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo» que agiliza la expulsión de extranjeros que delinquen, acotando los plazos de la vía administrativa; y prohíbe el ingreso de inmigrantes con antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- «por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad».
