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CERCA DE 500.000 JÓVENES ESTUDIANTES LES RECHAZARON LA BECA PROGRESAR

En el último año, la ayuda económica destinada a los jóvenes de entre 18 y 24 fue dada de baja a varios alumnos.

Si bien el ajuste golpeó a todas las familias, también repercutió en el bolsillo de los propios estudiantes. Después de varios meses de incertidumbre -ya que no sabían si fueron aprobadas sus solicitudes- Tiempo Argentino publicó que cerca de 500.000 estudiantes fueron dados de baja de las becas PROGRESAR.

EL CAMINO DEL RETROCESO

La evolución del promedio anual de titulares del Progresar dibuja un zigzag en descenso: se incrementa hasta 2016, empieza a caer levemente en 2017 (3%), y se reduce drásticamente en 2018 (17%) con el relanzamiento del programa en modo Cambiemos. Para 2019 se proyecta que un 22% menos de jóvenes quede cubierto por la política.

El análisis desglosado permite acercar el foco. En el primer trimestre de 2018 se produce la caída más fuerte desde la implementación del beneficio que se derrumba en un 66 % en ese período y pierde 639 mil prestaciones (las dos terceras partes de sus titulares). En el segundo trimestre del mismo año, el programa repunta y alcanza a 930.257 estudiantes. Sin embargo, cae con fuerza (38 %) en el último trimestre y registra una sangría de cerca de 350 mil estudiantes. Se trata de las cifras más bajas en la historia del programa. «El deterioro es fuerte en las tres variables analizadas: beneficiarios, monto e inversión. La cantidad de titulares crece hasta 2016 y empieza a caer fuertemente en 2017; en el camino se pierde a casi medio millón de jóvenes», sintetiza Lombardía.

El análisis del CEC establece una línea divisoria númerica y conceptual marcada por los cambios dispuestos en 2018 por Cambiemos. Además de la ayuda económica, el Progresar también contemplaba hasta entonces una red de tutores, un sistema para ayudar a los jóvenes con hijos en el cuidado de sus niños y niñas, y un enganche con el Plan Sumar para estudios y control de salud. «Con diferentes niveles de dificultad en la implementación, había una mirada de integración social. Ahora se privilegia la cuestión académica exclusivamente. Hay una interpretación individualista de los fenómenos de exclusión social», puntualiza Lombardía.

Para la investigadora, el gobierno «entiende que con una transferencia monetaria el Estado puede desligarse de su responsabilidad en las causas de las trayectorias educativas». Y subraya: «Se pretende una igualdad de oportunidades ficticia que traslada la responsabilidad en el joven de sectores populares del fracaso de su desempeño educativo; el Estado se corre porque ya dio esa beca y es el joven el que no supo aprovechar la oportunidad habiéndola tenido».

Aunque todavía no hay números oficiales consolidados de 2019, el Presupuesto de este año apuesta a continuar el ajuste: propone una meta de cobertura para 506.181 jóvenes, proporción aún menor a la alcanzada en el año de la implementación.

La inversión dibuja un desarrollo similar: en 2016 las partidas del plan disminuyeron 6% con respecto a 2015; en 2017 se acentuó la caída con una reducción del 28%; mientras que en 2018 el programa vuelve a ser víctima del recorte con un 15% menos de gasto.

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