LOS CUADERNOS DE LA CORRUPCIÓN
Figuran ex funcionarios, pero también empresarios como contraparte de las coimas. Y se insinúa el lado judicial del blindaje de la impunidad
Codicia, impunidad y traslados de bolsos repletos de dólares. Todo detallado en un registro obsesivo, casi un diario personal desplegado en un anotador y siete cuadernos del tipo Gloria o Rivadavia. Es parte central de la causa que sacude a todos en estas horas y puede no ser un caso más.
Los nombres de ex funcionarios que circulan, tomados de manera individual, ocupan renglones destacados en diversas causas. Julio De Vido, Roberto Baratta, Oscar Parrilli, José María Olazagasti no son casos que sorprendan. Tampoco, Cristina Fernández de Kirchner. Pero sumado a empresarios de fuertes relaciones con lo que alguna vez se dio en llamar la «patria contratista», habla de lo elemental: la coima es un delito a dos puntas. Y si a ese se agregan nombres vinculados a la Justicia, se hablaría entonces de otra cuestión básica: el blindaje judicial para garantizar impunidad.
Según surge de los cuadernos y de las detenciones y llamados a indagatoria dispuestos por el juez, es visible como nunca antes el engranaje orgánico: el recorrido hacia arriba terminaría en el más alto escalón del poder político, la Presidencia, y en la órbita del ministerio, en su jefe. Baratta, ex secretario de Coordinación, y Olazagasti, ex secretario privado de Julio De Vido, confirmarían un armado con ramificaciones en otras áreas sensibles de la pasada gestión.
La detención de algunos, podría ser definido como inaugural en este tipo de investigaciones. PLos nombres que suenan ahora impresionan y mucho en el mundo de la política, más aún en el empresarial, y no tanto por lo que sale a la luz: impacta el hecho de la detención.
En ese terreno se destaca el nombre de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción. Su fluida relación con el circuito de gobierno en la era kirchnerista es un dato asociado a sus negocios personales y a un despliegue corporativo que excedía los naturales reclamos sectoriales. Se verá ahora hasta que punto llegaría esa condición de operador y la relación con la circulación de coimas.
Para completar, la referencia al círculo de jueces federales constituye un tema aparte que roza un límite no escrito. ¿Será cruzado ese umbral? Oyarbide podría ser definido como un estereotipo del juez cuestionado por su desempeño y por los lazos que se le atribuyen. No desentona en esta historia y el punto es si podría sumar algo a la investigación. Más inquietante resulta la citación al principal operador del kirchnerismo en la Justicia. Ese puede ser en sí mismo un capítulo especial.
Las cifras que estarían en juego –entre 160 y 200 millones de dólares-, la práctica repetida –básicamente, coimas a cambio de contratos con el Estado- y los nombres en juego indican por sí solos la dimensión del problema. Pero no sería todo. La cuestión de fondo alude a la corrupción como fenómeno, más allá del impacto mediático de algunas causas en particular.
