El Gobierno presentó este martes un nuevo dictamen del proyecto de ley de tierras para evitar una nueva derrota en la sesión del Senado convocada para el jueves próximo. Si bien texto original no establecía límites para la compra, ahora propone subir el tope porcentual vigente de 15% a 25% de la superficie de cada distrito.
El Gobierno presentó este martes un nuevo dictamen del proyecto de ley de tierras para evitar una nueva derrota en la sesión del Senado convocada para el jueves próximo. Si bien texto original no establecía límites para la compra, ahora propone subir el tope porcentual vigente de 15% a 25% de la superficie de cada distrito.
La exministra de Seguridad detalló los cambios en el capítulo que elimina las restricciones vigentes a la venta de tierras rurales productivas a ciudadanos o a empresas de capitales extranjeros.
“Vamos a dejar muy en claro qué limites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto”, expresó Bullrich.
Y añadió que “las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”.
Según el nuevo dictamen, se establece un tope de 25% de la superficie nacional y provincial a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras productivas.
Se trata del artículo 25 del proyecto, que además propone que “toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.
Por otro lado, la iniciativa introduce un agregado sobre el artículo 4 de Ley N° 21.499 relacionada a las expropiaciones.
La norma vigente establece que “pueden ser objeto de expropiación los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.
La propuesta del Gobierno es mantener la primera parte del escrito y sumarle que la declaración de utilidad pública “será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido”.
Además, de acuerdo al último dictamen, “la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
Las modificaciones podrían brindarle al Gobierno entre 38 y 40 votos para aprobar la iniciativa. En las últimas semanas hubo un creciente rechazo social a la extranjerización de tierras que se tradujo en una pérdida de apoyos de los bloques dialoguistas.
Fuente La Nación