La ley deberá promulgarse, ya que el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado. El proyecto propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas. Desde distintos sectores advierten que, si el Ejecutivo no aplica la norma, podría impulsarse un juicio político.
Durante la jornada, el sector de discapacidad realizó un paro y una movilización nacional en las plazas del país. Prestadores, profesionales, familiares, transportistas e instituciones reclamaron para que los senadores rechazaran el veto firmado por el Presidente a principios de agosto.
Presidida por Bartolomé Abdala, dado que Victoria Villarruel está a cargo del Poder Ejecutivo mientras Milei se encuentra fuera del país, la sesión se desarrolló tras un acuerdo previo entre los distintos bloques. La definición del rechazo definitivo del veto ya se preveía tras la insistencia en Diputados el pasado 20 de agosto, donde el oficialismo está más cómodo numéricamente.
La ley que declara la emergencia en discapacidad tendrá vigencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo central es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas clave como salud, educación, trabajo y protección social. Entre las principales medidas se destacan las compensaciones económicas para prestadores de servicios y talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Además, se establece la regularización de pagos atrasados y la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, que es declarado de interés público nacional.
La normativa también impulsa una reforma del sistema de pensiones no contributivas, con el fin de asegurar su financiamiento y revisar las condiciones de acceso y permanencia. Se propone fortalecer la gestión institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras en su base de datos, actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con un enfoque integral, y asignar recursos específicos para el funcionamiento de talleres protegidos y centros de día. A su vez, se exige al Poder Ejecutivo que rinda cuentas sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia, y se ratifica el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Fuente C5N