La partera Marta Beatriz Rosignoli tiene 77 años. Vive en un chalet de San Isidro. Está acusada de participar en el robo de un bebé recién nacido en el año 1976 y de adulterar documentación para ocultar la identidad de los padres biológicos. La obstetra, que operaba en aquellos años en un departamento de la calle Cádiz al 3900 en la Ciudad de Buenos Aires, será sometida a juicio oral.
El caso es el único que llegó a la Justicia. Sin embargo, tal como reveló en un informe especial del medio Todo Noticias, son al menos 140 las personas que denuncian a 14 parteras. Algunos comprados por sus padres de crianza a precios de departamentos y cuentan el largo camino hacia la búsqueda de su identidad biológica. Uno de los testimonios señaló que Rosignoli escapó con dos bebés bajo el brazo durante un allanamiento a la clínica donde se hacían los partos.
El juicio a la obstetra aún no tiene fecha, pero se sabe que lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal Nº3 de Comodoro Py. Lo que diga la obstetra procesada puede resultar clave para desentrañar un sistema clandestino donde se realizaban partos, se falseaban actas de nacimiento y se comercializaban niños durante los años 1959 a 1987. La operatoria tenía como objetivo último despojar de identidad a los bebés recién nacidos.
“No había ningún tipo de registro deliberadamente. Es decir, no logramos traspasar la cortina de hierro probatoria porque algunos imputados han fallecido y porque no hay nada de documentación”, reveló uno de los investigadores que llevó durante años el expediente. El silencio sigue siendo el principal protagonista alrededor del caso.
Hace 11 años, en diciembre de 2010, María lanzó la primera piedra. Se acercó hasta los tribunales porque tenía dudas sobre su identidad y la de su hermano, nacido en mayo de 1977.
María aportó su acta de nacimiento, firmada por la obstetra Marta Beatriz Rosignoli, y fechada el 10 de mayo de 1976. Ahí, figuraba que sus padres biológicos eran Alfredo y Celia.
Además, entregó a la Justicia una carta escrita de puño y letra por Rosignoli donde le explicaba -sin decir nada realmente- lo que era “habitual en aquellos años en los partos” e “inscripciones de nacimientos”. La carta terminó siendo una prueba fundamental porque sirvió para ser contrastada con el acta firmada en 1976.
En el expediente, que investigaba el juez federal Daniel Rafecas, se comprobó también a través de un estudio comparativo de ADN del Banco Nacional de Datos Genéticos que “no había vinculo biológico” entre María y su madre de crianza. Así que, ella también está acusada de sustracción del menor y supresión de identidad. Tiene 85 años y será enjuiciada junto con la partera.
El desafío de los investigadores fue durante todos estos años recabar documentación. Una de las hipótesis que manejan es que durante todos esos años funcionó organización secreta que encontraba hogares para “bebés no deseados”. Pero, todavía el silencio de los protagonistas hace imposible avanzar sobre la verdad y la documentación que había fue eliminada.