Según las estimaciones del Fondo de Población de la ONU (UNFPA) publicadas ayer, 47 millones de mujeres perderán el acceso a métodos de planificación familiar y habrá siete millones de embarazos no deseados en los próximos seis meses, en 114 países de renta baja y media.
Es por la desviación de los presupuestos médicos, la atención de los servicios de salud y las medidas sanitarias hacia el combate casi exclusivo contra la pandemia por COVID-19.
La investigación del organismo, realizada con contribuciones de Avenir Health, la Johns Hopkins University (EE. UU.) y la Universidad Victoria (Australia), revela que, por cada trimestre que se prolongue la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva habrá dos millones adicionales de mujeres que dejen de usar anticonceptivos modernos.
Ese límite en el acceso a métodos de planificación familiar supondrá un gran paso atrás en los progresos que se venían produciendo en la extensión de su uso, que casi se había duplicado en dos décadas, pasando de los 470 millones que los utilizaban en 1990 a 840 millones en 2018.
«La pandemia está teniendo un impacto catastrófico en las mujeres y las niñas a nivel mundial. Y tenemos que abordarlo. Ahora», asegura Ramiz Alakbarov, director ejecutivo adjunto del UNFPA.
«Los servicios de atención de la salud materna y el acceso a anticonceptivos no son opcionales. Son esenciales y deben mantenerse. Las mujeres continúan quedándose embarazadas y también dan a luz durante la crisis», puntualiza.
El asesoramiento e información sobre planificación familiar, así como la anticoncepción de emergencia, «se consideran salvadores de vidas»; deben proporcionarse, estar disponibles y ser accesibles, agrega Alakbarov.
En este sentido, el organismo de la ONU tiene evidencia de que esta clase de problemas ya están sucediendo, sostiene Alakbarov y desarrolla: «En primer lugar, las cadenas de suministro se ven afectadas por dinámicas que incluyen el cierre de fronteras, problemas de transporte, dificultades de fabricación, y otros obstáculos para la distribución».
«Obviamente, la situación varía de un país a otro debido al nivel de su infraestructura de desarrollo y la situación epidemiológica actual», continúa. También advirtieron los autores del informe que hay mujeres que evitan ir al centro de salud por temor a exponerse a la infección.
Existe un problema de disponibilidad de equipos de protección personal para aquellas clínicas, indica, como las de planificación familiar, que pueden no considerarse esenciales y, por tanto, «no haber sido debidamente equipadas».
Un estudio del Guttmacher Institute publicado hace diez días en la revista International Perspectives on Sexual and Reproductive Health refuerza la advertencia de la ONU. Calcula que «una disminución proporcional del 10 por ciento en el uso de anticonceptivos reversibles a corto y largo plazo daría como resultado que 49 millones de mujeres verían insatisfecha su necesidad de anticoncepción moderna en países de ingresos bajos y medios«.
Ellas se sumarían a los 232 millones que no estaban, ya antes de la pandemia, usando métodos de planificación familiar a pesar de querer evitar un embarazo.
Se producirían, además, 15 millones adicionales de embarazos no deseados, alertan los investigadores de la organización estadounidense. Lo que a su vez «llevaría a más abortos inseguros y otros resultados negativos» como una mayor mortalidad materna.
Concretamente, según sus proyecciones, una disminución del 10 por ciento en la provisión de atención médica relacionada con el embarazo y el recién nacido «tendría consecuencias desastrosas»: 1,7 millones de madres y 2,6 millones de bebés experimentarían complicaciones graves y se producirían 28.000 muertes maternas y 168.000 fallecimientos de neonatos adicionales a los que ya se producen.
«Las mujeres embarazadas con síntomas de COVID-19 deben tener un acceso prioritario para la prueba, y las unidades de salud prenatal, neonatal y materna deben estar segregadas de los casos identificados de coronavirus», recomienda el director adjunto del UNFPA.
«Las emergencias de salud pública anteriores demostraron que el impacto de una epidemia en la salud sexual y reproductiva a menudo no se reconoce, porque los efectos no son en muchos casos el resultado directo de la infección, sino que se producen como consecuencia indirecta de las interrupciones en la atención y el redireccionamiento de recursos», analiza Elizabeth Sully, investigadora científica principal del Guttmacher Institute.
Para que eso no pase, «hay pasos claros y concretos que los formuladores de políticas pueden y deben tomar para mitigar el daño y promover la salud. No es demasiado tarde, pero el momento de actuar es ahora. El tiempo es fugaz«, apunta Sully.
Primero, promover la atención de la salud sexual y reproductiva, incluidos el aborto seguro, la anticoncepción y la atención materna y neonatal, ya que son esenciales. Otros son garantizar las cadenas de suministro, buscas formas innovadoras de proveer atención, como la telemedicina, y no abandonar a las poblaciones más remotas y marginadas como Mahulane.