Doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un ministerio, son solo algunos de los de los 3.500 usuarios que se beneficiaron «comprado» facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 «usinas» comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez. A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $ 5.000 millones –mil millones más de lo que se creía originalmente- al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas.
Una asociación ilícita integrada por 16 personas, entre ellas funcionarios de la AFIP y un policía federal en actividad, crearon una maniobra para estafar a la AFIP.
Gómez era el encargado de conseguir los clientes que provenían de todo el país. Tanto es así que el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo de la causa, le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.
En la causa ya fueron identificados la mayoría de los 3.500 beneficiarios de esas facturas electrónicas apócrifas y las 100 «usinas» generadoras de ellas. Todas las «usinas» tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya fue separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio y «culata» del grupo.
El uniformado no solo era el encargado de aproximarse y convencer a los indigentes de aceptar firmar la documentación y hasta realizar los trámites ante la AFIP como presuntos responsables inscriptos sin límite de facturación. También era el que les pagaba entre $ 5.000 y $ 10.000 a las denominadas «usinas» por prestar sus nombres.
El resto corría por cuenta de Russo. Él se encargaba de poner a nombre de las personas «sin capacidad económica» las sociedades o reales a través de las cuales se facturarían los trabajos nunca realizados para descargar los impuestos.
La organización también contaba con dos empresas perfectamente establecidas y también utilizadas como «pantalla» para realizar las estafas: Argentina Publicidad Contemporánea y Suárez Constructora. Al frente de ellas estaban las parejas de Gómez y del policía Benavides.
Entre los municipios que utilizaron buena parte de las facturas truchas generadas por estas «usinas» figuran la Municipalidad de Pilar, a cargo de Nicolás Ducoté (PRO) quien asumió el cargo en diciembre de 2015; y la Municipalidad de José C Paz., cuyo intendente es un histórico del peronismo del Conurbano Bonaerense Mario Alberto Ishii (reasumió funciones en diciembre de 2015. Pero antes había sido el alcalde del distrito entre el 10 de diciembre de 1999 y la misma fecha pero de 2011).
En otras intendencias, la AFIP detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas.
Después de allanar esas municipalidades y secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir sin tener en cuenta si la estafa a la AFIP la había realizado la administración anterior –en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos-.
De ser así, se le dictará la falta de mérito al actual funcionario, y se imputará al anterior. Pero para que eso suceda la AFIP deberá realizar la «determinación de deuda» de cada uno de los organismos involucrados en la maniobra delictiva, algo que aún no terminaron de hacer los contadores del organismo recaudador.