Una nueva ola de ventas sacudió ayer a los principales activos argentinos. Hubo caídas de hasta 8% en acciones, mientras que los bonos cayeron hasta 1,5%, lo que llevó al riesgo país nuevamente a superar el nivel de 600 puntos, el peor en tres años. Como telón de fondo de esta clima de renovada desconfianza aparece el escándalo desatado por las revelaciones de los cuadernos de la corrupción.
Aunque nadie pone en duda que el avance de la Justicia sobre hechos de corrupción es algo a la larga positivo, se desconfía de los efectos inmediatos que puede traer, tanto para la dinámica política pero sobre todo para la economía. El recuerdo cercano del «Lava Jato», el mega escándalo desatado en Brasil y que terminó con decenas de funcionarios pero también empresarios presos y la devolución de coimas por más de USD 3.000 millones.
Esos años que terminaron con la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, coincidieron con una gran caída del PBI brasileño, cercana a 3,5% anual tanto en los años 2015 cómo 2016, uno de los mayores derrumbes registrados en la historia de ese país. Recién el año pasado la economía consiguió comenzar a estabilizarse.
Ahora también existe temor sobre los efectos que puede generar en distintas áreas de la actividad las revelaciones de las anotaciones del remisero Oscar Centeno. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, le dijo a Infobae que «no se frenará la obra pública» por las revelaciones de los cuadernos y en el mismo sentido se manifestó el ministro de Producción, Dante Sica.
Pero además del efecto sobre la obra pública, también surgieron dudas sobre el financiamiento futuro de los programas de Participación Público Privado (PPP). Un grupo de bancos (entre los que se encuentran Galicia, Itaú, BICE y Bank of China) están detrás de los consorcios que se adjudicaron seis corredores viales. Algunos comenzaron a plantear dudas respecto a si estarán dispuestos a financiar obra pública en medio de este escándalo. Pero desde el Gobierno aseguran que todo sigue en pie y resaltan que recibieron garantías de estas mismas entidades por USD 600 millones.
Con la proximidad de un año electoral, es comprensible que la obra pública tome un papel primordial y que al mismo tiempo los inversores presenten señales de alerta respecto a la continuidad de la misma.